Por su interés, reproducimos el artículo de opinión de Pedro Hojas publicado en la edición de hoy de El Heraldo de Aragón

La agroalimentación es un sector clave, no sólo porque está presente en nuestro día a día y en las necesidades de nuestra sociedad, sino porque es uno de los puntales de nuestra economía, aporta el 5 % del VAB, por encima de la media europea (3,8%). Además es uno de nuestros motores exportadores, un 18,6% del total de las exportaciones son de productos agroalimentarios.

El sector es muy heterogéneo, con peculiaridades y problemas específicos, algunos estructurales, como la polarización del tejido empresarial, con muchas pequeñas empresas y explotaciones, y por otro lado grandes grupos industriales, muchos con capital extranjero. De las 30.623 empresas del sector, el 74% tiene menos de 50 trabajadores, y de éstas un 77% menos de 10. Empresas que, en su mayoría, no están preparadas para asumir la digitalización o las nuevas formas de producción.

Cuenta con 1.252.000 personas ocupadas, el 6% de toda la economía. Un empleo que además contribuye al desarrollo y a la fijación de población en el medio rural.

La solidez de nuestra agroalimentación ha quedado sobradamente demostrada con la pandemia, que ha ejercido de prueba de resistencia en materia económica. El sector ha aprobado con nota, ha estado a la altura de los requerimientos de nuestra sociedad, evidenciado su carácter estratégico, y dando ejemplo de compromiso y tenacidad.

Los hombres y mujeres del campo español, por justicia y reciprocidad, deberían tener un reconocimiento por su esfuerzo, que se manifieste con empleos dignos y decentes.

El empleo agrario sufre una altísima precariedad y los salarios más bajos de toda nuestra economía. Con relaciones laborales atomizadas en más de 60 convenios colectivos de ámbito inferior que, aparte de ser incumplidos sistemáticamente, provocan desigualdad y dumping social entre los territorios. A ello se suman los fraudes en la contratación, la picaresca en la declaración de las jornadas trabajadas, y un largo etcétera. Un panorama muchas veces hostil, nada atractivo para convertirlo en medio de vida.

Desde UGT FICA venimos reivindicando incansablemente la necesidad de un convenio estatal que, por un lado proteja a todos y cada uno de las y los trabajadores, y por otro homogeneice condiciones laborales en todo el país. Unas condiciones que deberían ser lo suficientemente óptimas como para atraer a los jóvenes a desarrollar un proyecto vital en el medio rural. 

Se necesitan acciones valientes para atajar la despoblación y favorecer el cambio generacional que el campo necesita y la agroalimentación tiene un gran potencial para crear riqueza y fijar población en ese medio. 

El sector está inmerso en una transformación para hacer frente a las transiciones digital y ecológica impulsadas desde Europa, que difícilmente se podrán desarrollar sin resolver el problema del relevo generacional. 

La digitalización exige personas jóvenes con conocimientos y ganas para acometer proyectos innovadores para ganar en eficiencia y competitividad. Pero para atraer a la juventud hacen falta empleos dignos y con derechos. En definitiva, la proyección a futuro del sector pasa por la mejora de sus condiciones laborales, no hay otro camino.

La Agroalimentación es estratégica, pero hay que potenciarla mediante inversiones para dotarla de más y mejores infraestructuras, redes logísticas que potencien las actividades de transformación agroalimentaria en polos económicos rurales.

Por ello, el PERTE anunciado por el Gobierno para el sector, dotado de unos 1.000 M€ supone una oportunidad única para impulsar la digitalización y la innovación de una forma transversal y equilibrada territorialmente. 

UGT FICA estará vigilante de este PERTE, para que se articule en torno al dialogo social y asegurar que sus supuestos beneficios alcancen a todos los eslabones de la cadena.

Quiero incidir además en la importancia que supone para el sector la PAC, y su traslación a nuestro país a través del Plan Estratégico Nacional, cuyas repercusiones se dejarán sentir a lo largo de toda la cadena alimentaria. Por ello exigimos a los actores implicados en su negociación altitud de miras y una apuesta de país, pues de la inteligencia con la que se gestionen los recursos y las estrategias dependerá la articulación del sector Agroalimentario y las personas que en él trabajan.