Artículo de Opinión del secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas, publicado en todas las cabeceras del grupo de comunicación Promecal

A estas alturas de siglo, resulta desalentador que no hayamos sido capaces de dar soluciones “de país” al problema del alto coste de la energía en España. El debate no es nuevo: en UGT FICA llevamos años demandando un Pacto de Estado por la Energía que articule las medidas imprescindibles para disponer de un marco energético estable, predecible y sostenible, tanto en lo ambiental como en lo económico, arbitrando soluciones eficientes para controlar el precio de la energía.

Considero incoherente que exista una coincidencia prácticamente unánime en considerar que la regulación y el coste del suministro energético están poniendo en riesgo la competitividad de nuestra industria, y que no se haya abordado este problema con la rigurosidad que requiere un elemento primordial tanto para la buena marcha de nuestra economía como para el bolsillo de los contribuyentes.

Nuestro país tiene un grave problema que no se soluciona ni con buenas palabras ni con medidas “parche”. La economía española no va a poder aguantar durante mucho más tiempo que el diferencial del precio final de la energía siga creciendo con relación a los países industrializados de nuestro entorno. Hay que recordar que España pagaba el megavatio en 2019 en torno a 20 euros más que Francia y 25 más que Alemania, y que ahora, en plena reactivación, paga 34 euros más que Alemania y 50 más que Francia.

El incremento en el precio del gas natural y la subida en el coste de las emisiones de CO2, que son los principales factores que están influyendo en el elevado precio que pagamos en la actualidad, no parecen justificar el desmesurado crecimiento de este diferencial porque ambas subidas afectan a todos los países por igual, y sin embargo, en lugar de mantener o reducir la desigualdad con nuestros competidores, ésta sigue creciendo.

Necesitamos (y ahora sí que se trata de una urgencia) un Pacto de Estado por la Energía que ponga orden en el precio de la electricidad y en el que prime el interés general. Es más apremiante que nunca que revisemos los sistemas de fijación de precios de los distintos tipos de energía al objeto de conjugar los intereses de productores y consumidores, coadyuvando a reducir el precio final de la electricidad. 

Nuestra industria electrointensiva no puede permitirse continuar produciendo en inferioridad de condiciones que nuestros más directos competidores. Sería un suicidio industrial, con consecuencias desastrosas para miles de empleos. En estas condiciones y dada la evolución del diferencial de los últimos años, resulta sorprendente que nuestra industria aún pueda competir con el resto de países industrializados en sectores que, como la metalurgia, química, siderurgia, cerámica, y gases industriales, requieren de un alto consumo de energía.

La entrada en vigor del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, en el que habíamos puesto muchas de nuestras esperanzas para mejorar la competitividad de la gran industria y por el que hemos peleado durante años, no ha dado, lamentablemente, respuestas eficaces a los problemas más acuciantes de nuestra industria, fundamentalmente, la dificultad para que nuestras empresas accedan a una tarifa energética competitiva con relación a los países del entorno.

Reclamar más compensaciones de CO2 para la gran industria consumidora de energía o pedir la supresión del impuesto a la generación eléctrica aun cuando se asegure que ésta repercuta en los consumidores con una rebaja de precios, no dejan de ser medidas “parche” que no van a contribuir a dar con una solución que satisfaga a todos los afectados.

Tampoco nos parece suficiente el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno para mantener la factura final de la electricidad de los consumidores este 2021 en el mismo nivel que 2018, una medida que se podía haber hecho años antes si de verdad se quiere actuar sobre el “sobrebeneficio” de las eléctricas. El contexto actual requiere, además de un plan de choque, de medidas de calado enérgicas que actúen no tanto sobre las compañías eléctricas, que también, como sobre la configuración del marco energético nacional, un marco que no debería ser modificado por futuros gobiernos.

Desgraciadamente, las medidas que reclamamos en torno al Pacto de Estado por la Energía, van a llegar tarde para muchas empresas. Pero aún estamos a tiempo de ofrecer soluciones de país, más allá de las legislaturas y de los gobernantes, que garanticen ese marco energético estable, predecible y sostenible que venimos demandando.

En España hay mercado para todas las energías, pero sólo un pacto de estado en esta materia, que establezca una correcta distribución del uso de cada de ellas, nos asegurará una política energética eficaz para nuestra industria y, con toda seguridad, más barata para ciudadanos y empresas.

No basta con pedir que se haga la luz; para que sea útil, ésta debe tener un precio justo, competitivo y que no suponga una rémora para nuestra industria, al tiempo que facilita un acceso digno para todos los consumidores.