Si de algo sabemos en nuestra Organización es de industria y construcción pues, junto con la agricultura, forman parte de nuestro negociado y de nuestra razón de ser.
Sabemos, por tanto, del poder y la capacidad de estos sectores para estabilizar la economía, crear riqueza y generar empleo. No es que tengamos la piedra filosofal para sacar adelante nuestro país en el contexto de la grave crisis desatada por el Covid-19, pero está a la vista de todos que el modelo productivo que llevamos arrastrando durante tanto tiempo no funciona, y la prueba es que apenas ha podido aguantar los primeros embates de la pandemia. Simplemente se debería imponer el sentido común y adoptar la estrategia evidente, que no sería otra que evolucionar hacia un modelo productivo que sitúe la industria en el centro de su eje. Con ello nos garantizaríamos un crecimiento económico más estable, justo y con empleo de calidad.
Ahora, con el pacto de reconstrucción del país tenemos la oportunidad de enmendar los errores y aplicar lo aprendido. A pesar de que, una vez más, nuestra clase política se ha venido enzarzando en batallas dialécticas improductivas, más propiciadas por rancios intereses partidistas que por el interés común, parece que en el horizonte se impone la sensatez y se perfila una fumata blanca para sacar adelante la reconstrucción con acuerdo.
No nos cabe duda de que nuestro país va a salir adelante, pero para ello será imprescindible coordinar fuerzas desde la coherencia y la solidaridad. Son necesarias políticas valientes vehiculadas a través de este gran pacto de reconstrucción, que refuercen nuestros servicios públicos, nuestra Sanidad y protejan el empleo y la competitividad de nuestra economía. Un pacto dotado de un plan de inversiones para cambiar hacia un modelo productivo industrial con políticas dirigidas a impulsar la competitividad y el desarrollo en todos los territorios sin excepción. Pero para darle consistencia al modelo productivo, hay que añadir un elemento más a la ecuación: la construcción. Evidentemente, hemos de reconstruir el país construyendo.
Es necesario recuperar de una vez por todas el papel de la construcción como sector generador de riqueza, inversiones y creador de empleo inmediato. El pacto de reconstrucción es la oportunidad para adecuar y modernizar el tejido empresarial del sector para hacer frente a retos como la transición ecológica o la digitalización. La construcción tiene mucho que aportar al futuro económico de nuestro país y al desarrollo del nuevo modelo productivo, pero para ello hemos de dotarnos de unos instrumentos tan necesarios como una estrategia estatal de infraestructuras, unas políticas sociales de vivienda o planes para la rehabilitación de viviendas y edificios.
Un modelo productivo con fuertes raíces industriales ha de apuntalarse en las infraestructuras y la logística adecuadas para conectar los territorios y proyectar nuestros productos hacia todo del país, hacia Europa y al resto de la economía global. Solo así podremos fomentar la competitividad, la productividad y las exportaciones de nuestra industria. Con ello no solo se dotaría de una mayor estabilidad a las empresas y al empleo, sino también se contribuiría a crear una mayor cohesión económica en nuestro país, evitando y frenando la desertización industrial de los territorios.
Por ello desde nuestra organización sindical reclamamos un plan estatal de infraestructuras, adaptado a las necesidades territoriales y enmarcado en una política industrial coherente. Con medidas que permitan aumentar y mantener un esfuerzo inversor constante, dirigidas tanto a desarrollar nuevos proyectos como al mantenimiento de las infraestructuras ya existentes. Es necesaria una planificación estratégica en esta materia de cara al futuro, que facilite un desarrollo territorial equitativo y ayude a frenar la despoblación de la España vaciada y su precariedad laboral estructural.
Por otro lado, consideramos que es el momento de impulsar y de dotar de una perspectiva social a las políticas de vivienda, centrándolas en las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas para poner fin de una vez por todas a la brutal crisis de acceso a este derecho fundamental, que afecta especialmente a los trabajadores y trabajadoras. El Estado ha de recuperar el papel de moderador del mercado inmobiliario a través de la construcción de vivienda protegida, tanto para compra como para alquiler, para acabar con la especulación existente. Es imprescindible que se incentive un plan estatal de vivienda efectivo, con suficiencia presupuestaria y gestionado con instrumentos públicos.
También reivindicamos una estrategia integral de rehabilitación de viviendas, cuya necesidad ha quedado más que claramente demostrada con el confinamiento a consecuencia de la pandemia. Existe un alto índice de deterioro en el parque de viviendas de nuestro país y evidentes carencias en los requerimientos de eficiencia energética, habitabilidad, accesibilidad, etc. Una estrategia que se haría extensiva a edificios, barrios y zonas degradadas de las poblaciones, tanto urbanas como rurales, en la que confluirían las distintas políticas (urbanísticas, de suelo, etc.), y se integraría la normativa dispersa con criterios homogéneos en todos los territorios.
Una batería de planes de estas características ayudaría a consolidar el sector de la construcción en nuestro país, aportaría carga de trabajo a las empresas y crearía muchos empleos. Eso sí, empleos que necesariamente han de basarse en buenas condiciones laborales, mejores salarios, más seguridad y más formación para orientar el sector hacia el futuro y hacerlo más atractivo para los jóvenes.
La construcción tiene futuro y debemos construirlo entre todos. Su potencial es más que evidente, solo es necesario que los políticos estén a la altura de las circunstancias y lo utilicen como solución inmediata para apuntalar nuestra industria y generar crecimiento, riqueza y empleo en nuestro país.