Cuando faltan pocos días para la llegada de un gran contingente de mujeres marroquíes que vienen a trabajar en la campaña de frutos rojos en Huelva, las informaciones esporádicas que aparecen en los medios siguen evidenciando que el trabajo en el campo español es terreno abonado para la explotación de inmigrantes, como viene denunciando UGT FICA desde hace años.

Hay muchos casos que no salen a la luz y que evidencian la gran desprotección de los inmigrantes que vienen a trabajar en el campo. La existencia de ciertos empresarios agrarios “piratas”, cuya falta de escrúpulos a la hora de obtener el máximo beneficio pasa por encima de la dignidad de los y las trabajadoras, y la realidad de unos inmigrantes reacios a denunciar porque acuden a nuestro país huyendo de condiciones laborales todavía peores, crean un caldo de cultivo ideal para prolongar situaciones de explotación en los colectivos más vulnerables.

Las 19.000 mujeres marroquíes que se incorporarán en breve a la campaña de recolección en Huelva requieren de la máxima protección. Los sucesos acaecidos el año pasado por las denuncias de acoso laboral y sexual de algunas trabajadoras que requirieron, en algunos casos, de la actuación judicial, no pueden ni deben volver a producirse. En UGT FICA las condenamos entonces y vamos a permanecer vigilantes para erradicar estas vergonzosas situaciones.

Ciertamente, las condiciones de la contratación en origen no benefician en nada a este colectivo ya que las mujeres que se desplazan a nuestro país debe de tener necesariamente arraigo en Marruecos; provenir del medio rural y con experiencia en la agricultura; tener entre 25 y 40 años; estar casadas (en este caso contar con el permiso del marido), divorciadas o viudas; y con hijos menores de 14 años. En definitiva, se aplican unos criterios laborales para evitar que se queden en España que serían impensables e incluso inconstitucionales de tratarse de trabajadores de nuestro país.

Y luego están las difíciles condiciones laborales que soportan los trabajadores del campo, los abusos de los empresarios piratas que prolongan las jornadas indefinidamente, que alojan a los inmigrantes en lugares insalubres y no adoptan las medidas necesarias para prevenir los accidentes, que engañan al declarar las jornadas realmente trabajadas por los temporeros y falsean las cotizaciones al Régimen Especial Agrario, con la merma de derechos que esto supone de cara a la prestación por desempleo, la jubilación, o cualquier tipo de Incapacidad Laboral.

¿Y todavía se sorprenden de que la gente no quiera trabajar en el campo? Da mucho que pensar que tan solo se hayan cubierto 970 plazas de las 23.000 que ofertó el Servicio Andaluz de Empleo hace unas semanas para trabajar en esta campaña a pesar de que el paro en Huelva alcanza al 25% de la población activa. Cuando el trabajo en el campo se convierte en el último recurso para los desempleados es que algo no se está haciendo bien. No es de extrañar que los parados prefieren esperar al verano y trabajar en el sector servicios, que cuenta con unas condiciones laborales más reguladas y mejores salarios.

Nuestra Federación lleva años luchando con todas sus fuerzas para erradicar los abusos que sufren muchos temporeros y temporeras. Visitamos las explotaciones agrarias para informarles de sus derechos y supervisamos que los alojamientos que ofrecen los empresarios tengan unas condiciones dignas. Cuando no es así, procedemos a denunciar ante la Inspección de Trabajo. Sin embargo, en ocasiones, da la impresión que luchamos contra molinos de viento porque, a los problemas ya señalados, hay que añadirles otros sobrevenidos, como las grandes distancias entre explotaciones, la escasez de medios humanos y materiales, e incluso la negativa de algunos empresarios a permitir el acceso a sus fincas. Llevamos años reclamando la implicación directa de las distintas Administraciones y de todos los agentes sociales para erradicar la explotación laboral en el campo, exigiendo que se revisen y refuercen los mecanismos existentes y, sobre todo, urgiendo a que se proporcione a la Inspección de Trabajo de los medios necesarios para que lleve a cabo su labor y garantice una presencia efectiva durante las campañas agrarias, al igual que a las fuerzas de seguridad del estado.

Para UGT FICA es necesario apostar por un modelo agrario para nuestro país que dignifique las condiciones laborales de las personas que lo trabajan, y excluya de una vez por todas las prácticas abusivas que, en ocasiones, rozan la trata de seres humanos para sumirlos en la precariedad y la explotación. Necesitamos dotarnos de un convenio estatal del campo que proteja a todos y cada uno de los trabajadores del sector agrario y homogeneice sus condiciones laborales en todo el territorio español. El Gobierno resultante de las próximas elecciones generales, sea del signo que sea, tendrá que tomar cartas en este asunto, y erradicar para siempre esta prácticas de explotación tercermundistas que, lamentablemente, siguen produciéndose en el campo español.

Pedro Luis Hojas Cancho
Secretario General UGT FICA
Publicado en el diariodehuelva.es